La Ley de Montes vigente se aprueba en 2003 y fue decisiva para evitar la recalificación de terrenos tras los incendios. En ella se recogía la necesidad del transcurso de 30 años para que algún terreno forestal quemado pudiese cambiar de uso del suelo.
El problema es que tras las modificaciones que se hicieron a esta Ley en 2006 y 2015 se empiezan a plantear una serie de excepciones muy peligrosas a esta limitación temporal.
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